FONDO ESCRIBANÍAS

    Se refiere a la documentación producida en Mérida durante el periódico colonial y que desde 1836 custodió el Registro Principal de Mérida, organismo que por ley heredó los registros documentales españoles. Esta documentación fue trasladada al Archivo Histórico del Estado en 1988, mediante un decreto presidencial. 

Protocolos Notariales 


Se originaron durante la administración de gobierno del Ayuntamiento de Mérida entre otros, el registro de los contratos realizados entre los vecinos, en estas páginas hallaras diferentes catálogos ( un total de 790 tomos, con un promedio de 250 folios cada todo). Divididos por materia, tanto civil como criminal, que te permitirán navegar por estas escribanías que dieron pie a la historia de la Mérida Colonial, que contienen diferentes temas, tales como Mortuorias, Reales Decretos, Reales Ordenes, Encomiendas y tierras de los resguardos indígenas, Limpieza de sangre, Comunidades Religiosas, Homicidios y Muertes Violentas, Infanticidio, Maltratos, Aporreos y Reales Cédulas, ventas o legado de esclavos, constituyéndose así en prueba potencial de eventuales conflictos tanto con vecinos como con parientes e intereses alejados. te invitamos a que nos acompañes en este viaje maravilloso de la historia Colonial de Mérida a través de las diferentes índices documentales que te presentamos a continuación: 

Artículos sobre la Historia y la Archivística

Educación para proteger el Patrimonio Cultural y Natural del Estado Mérida.

Lic. Rosana Rangel Sánchez
DPP Archivo General del Estado Mérida
Según la Ley de Defensa y Protección del Patrimonio Cultural se considera patrimonio cultural todos los bienes de interés cultural por sus valores históricos, artísticos,  arqueológicos o sociales,  que se encuentren en el territorio nacional. Este Patrimonio está conformado por bienes muebles  e inmuebles de cualquier época  pertenecientes al Estado, a los municipios o a personas jurídicas públicas que se encuentren en museos o en lugares públicos; igualmente, los bienes culturales privados. Asimismo, se considera patrimonio cultural los sitios que por sus valores tradicionales, naturales, típicos, arquitectónicos o arqueológicos  deben ser  protegidos y conservados por cuanto constituyen el reflejo de la memoria histórica urbana y rural. En consecuencia, y por mandato expreso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las leyes relacionadas con la cultura, las autoridades  (especialmente gobernaciones y alcaldías) mediante programas de educación e información, deben estimular el conocimiento, el respeto y aprecio por nuestro Patrimonio Cultural, en el cual se encuentra inserto el Patrimonio Documental.

Por lo tanto,  en todos los niveles educativos se debe promover acciones para educar y concienciar dentro y fuera de las escuelas en relación con el respeto que se debe prodigar a las representaciones culturales, así como mantener en el devenir las particularidades resaltantes de nuestras ciudades y pueblos.  A la par, los gobiernos regionales y municipales deben facilitar sus espacios para difundir no sólo bailes y tradiciones populares; que es lo que generalmente se presenta, sino también hacer hincapié en las referencias arquitectónicas, religiosas, arqueológicas, documentales, pictóricas, y. por supuesto, defender la naturaleza, al lado de lo cultural, a través de conferencias, charlas, encuentros, videos y en jornadas locales, nacionales e internacionales. Insisto en las escuelas porque normalmente se programan estos eventos solo para especialistas en la materia, olvidando siempre a los niños a quienes se les debe inculcar amor, conciencia y respeto por el Patrimonio Cultural y Natural. En cuanto al área turística, se debe estructurar programas que permitan a los visitantes conocer nuestro patrimonio cultural en conjunto y no de manera individual como hasta ahora se ha venido haciendo. 

El 16 de septiembre de 1810

Zoraima Guédez Yépez
Archivo General del Estado  Mérida
Los acontecimientos políticos que ocurrieron en España, la ocupación de casi todos los reinos y provincias por las tropas francesas y la prisión del Rey, tuvieron repercusión en las provincias americanas, llevando a la formación de Juntas Conservadoras de los Derechos del ReyFernando VII en la mayoría de ellas. En Mérida no fue sino hasta el 16 de septiembre de 1810 cuando se conformó la Junta a instancia del comisionado de la Junta Suprema de Caracas, Luis María Rivas Dávila. Una vez recibidas las noticias provenientes de Caracas y Santa Fe,el Ayuntamiento merideño convocó a un cabildo abierto con la participación de los diferentes sectores que hacían vida en la ciudad: eclesiásticos, militares, hacendados y comerciantes,para tratar la situación política existente.
Luego de leídas las comunicaciones traídas por el comisionado,la asamblea decidióque se conformara una Junta Depositaria de la Soberanía y que todas las autoridades coloniales cesaran en sus cargos. Con este fin, se nombraron representantes de todos los sectores quienes tenían la responsabilidad de elegir a los doce miembros que compondrían la Junta.

 La asamblea nombró como electores a seis merideños. Como representantes del pueblo fueron elegidos el Presbítero y Doctor Antonio María Briceño y el Br. Lorenzo Aranguren; el clero quedo representado por el Presbítero y Doctor Mariano de Talavera; los militares escogieron al Sargento Lorenzo Maldonado; los hacendados a Vicente Campo Elías y el gremio de los comerciantes a José  Arias.Estos ciudadanos fueron los encargados de realizar la elección mediante votación secreta de los doce vocales encargados de constituir la Junta Superior Merideña o Junta Patriótica, además de firmar el Acta de electores conocida como el Acta de Independencia de Mérida.

Los designados para constituir dicha Junta fueron: Antonio Ignacio Rodríguez Picón, Mariano de Talavera, Doctor Francisco Antonio Uzcátegui, Doctor Buenaventura Arias, Juan Antonio Paredes, Don Vicente Campo Elías, Doctor Antonio María Briceño, Blas Ignacio Dávila, Fermín Ruíz Valero, Henrique Manzaneda y Salas, Bachiller Lorenzo de Arangureny Presbítero Reverendo Padre Fray Agustín Ortiz. De estos doce miembros fueron elegidoscomo presidente,Antonio Ignacio Rodríguez Picón;como vicepresidente el Doctor Mariano de Talavera y Lorenzo Aranguren como secretario,quienes juraron defender la religión, los derechos del legítimo Soberano Fernando VII y su legítima dinastía y los intereses de la patria.

Una vez constituida la Junta Superior de Mérida, ésta asumió la autoridad de la Provincia.Tomo una serie de medidas para una mejor gestión administrativa, entre las que destacan la organización de la provincia, creando tribunales, comisiones y empleos acordes a la nueva situación de autonomía que ostentaba;disposiciones en el ámbito económico que permitieran la correcta administración de los recursos y la apertura de vías de comunicación así como, obras para la defensa.En el plano educacional decretó la protección económica al Colegio Seminario y la erección de la Universidad de San Buenaventura.


De esta forma, la Provincia de Mérida se sumó al proceso emancipador al declararse independiente y autónoma.

Roberto Picón Lares, un destacado merideño.

Lcda. Neida Durán
 DPP Archivo General  del Estado Mérida

El Estado Mérida siempre se ha distinguido por ser cuna de  hombres de pensamiento,  de  personajes  ilustres,  uno de ellos,  Roberto Picón Lares. Nació en  Mérida  el 2 de agosto de 1891, hace 122 años;  hijo de Gonzalo  Picón Febres y Josefa Antonia Lares Paredes. Abogado, destacado poeta e historiador, cronista,  periodista, diplomático, profesor universitario y Rector de la Universidad  de Los Andes.
Como excelente orador pronunció uno de sus más importantes discursos en el salón de usos múltiples de la Universidad de Los Andes,  con motivo de la entrega de su cargo de  rector al Doctor Florencio Ramírez el 14 de marzo de 1936. Allí,  además de presentar un balance positivo de  su gestión,  describió  la ciudad de Mérida resaltando que la Universidad contaba con  otros atributos en su apariencia y patrimonio, entre otros,  la merideñidad, la cual mostraba con entrega y pasión. Su talento siempre se hizo presente en conversaciones y alocuciones en salones y centros de tertulias.

El 17 de marzo de 1921 se casó con su prima María Parra Febres-Cordero, de cuya unión nacieron tres hijos: Magdalena, el Doctor Gabriel Gonzalo y Roberto José Picón Parra.

Hizo sus primeros estudios en Mérida; luego se trasladó a  Ossining, pueblo del estado de Nueva York, Estados Unidos, donde se formó en la Academia Militar;  posteriormente regresó a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Los Andes graduándose de Abogado en   1916 y de Doctor en 1924. En esta casa de estudios fue profesor de Derecho  Internacional, Derecho Constitucional y Leyes de Hacienda. Así mismo, fue Vicerrector en  1923 y Rector entre 1934-1936. Ocupó cargos políticos importantes, entre los que destacan Presidente de la Cámara de Diputados (1930), Director de Instrucción Primaria, Secundaria y Normal del Ministerio de Instrucción Pública (1931), Académico de la Lengua (1935), y durante los gobiernos de los presidentes Eleazar López Contreras y Medina Angarita,  Director de la Secretaría de la Presidencia de la República (1936-1939); Consejero de  la Embajada de Colombia (1942), Director de Política Internacional de la Cancillería (1944), Ministro encargado de Relaciones Exteriores (1944-1945) y Presidente de la Delegación General de las Naciones Unidas en Londres (1946).

Con su hermano  Eduardo Picón Lares fundó el prestigioso Diario Patria; cofundador del Diario de Nueva York (1948) con una columna muy leída  por la potencia de sus discursos y por el elocuente manejo del castellano. Como amante de la historia e investigador y como consejero en la Embajada de Bogotá, descubrió uno de los  documentos más importantes de nuestra historia: el proceso a Juan Rodríguez Suárez. Siendo Rector de la  Universidad de  Los Andes  - 11 junio 1934  al  14 marzo  1936- hizo una gestión muy fructífera en el ámbito académico y  en  la reconstrucción del edificio de la universidad, laboratorios y el museo. Apoyó la investigación con excelentes resultados. Murió en 1950.

Distrito Pedraza del Estado Mérida, 1904-1909.

                                                                  Zoraima Guédez Yépez.
DPPAGEM.
El territorio de los estados que conforman la República Bolivariana de Venezuela ha variado de acuerdo con diferentes situaciones de orden político-administrativo. En el caso del Estado Mérida, aun cuando su territorio se ha mantenido con los mismos límites determinados por la Ley del 28 de abril de 1856 sobre División Territorial, su espacio ha experimentado algunas modificaciones, unas de manera provisional y otras permanentes. En 1904, fueron agregadas nuevas áreasel Estado Mérida, la primera, la parroquia Independencia en los límites con el Estado Zuliay, la segunda, el Distrito Pedraza en los límites con el Estado Barinas. La Constitución Nacional de 1904, en su artículo 3 parágrafo 1, señala “El estado Mérida se compondrá de los distritos Campo Elías, Libertador, Miranda, Pedraza, Rangel Rivas Dávila, Sucre, Torondoy y Tovar”. Igualmente, la Constitución del Estado Méridade ese mismo año, confirma esta división territorial en su artículo 2.El Presidente del Estado Mérida, Santiago Briceño, organizó la administración pública regional, nombrando, entre otras, las autoridades del Distrito Pedraza, como Jefe Civil fue designado Valentín Sánchez y los miembros del Concejo Municipal: Rafael Peña Castro, Valentín Sánchez, Pedro Montero Tovar, Francisco Benítez, Eleazar Tapia Salcedo, Julio P. Santamaría y Telésforo Padrón; En el mes de agosto, el Ejecutivo merideño nombró como Registrador Subalterno a Juan Bautista Cayejo y a Ignacio María Peña, Juez de Distrito.

Al unirse Pedraza, -conformado por las parroquia Ciudad Bolivia y Santa Bárbara-al Estado Mérida, aumentó a nueve el número de distritos y a 43 el de las parroquias. En 1907, la Asamblea Legislativa decretó la elevación de la aldea Maporal a parroquia civil bajo la denominación de Páez, en la jurisdicción de dicho distrito, con ello elevó a 44 el número de parroquias.

La gestión administrativa desarrollada en esta época se orientó a la apertura de otras vías de comunicación que permitieran mantener las relaciones comerciales y sociales entre ambos estados, las cuales se realizaban principalmente por el camino llamado de Los Callejones, para ello se iniciaron las gestiones para abrircaminos que permitieran el comercio, por los puntos denominado El Quinó, San Juan Bautista y Santa Catalina, con el fin de lograr el acceso desde Mérida a Ciudad Bolivia capital del Distrito Pedraza por  considerar que era necesario poner en comunicación fácil y rápida, ya que de allí se abastecía de ganado y se requería una vía apropiada para este comercio.Otro ramo que recibió atención fue la creación de escuelas; en la ciudad de Pedraza, se estableció una escuela primaria de varones denominada “Escuela del Estado”, teniendo como preceptor al Pbro. Francisco Antonio Garrido. En 1907 se creó una escuela federal de varones en la parroquia Santa Bárbara, con Augusto Ruiz Gabaldón como preceptor. La renta de fomento se invirtió en obras de interés para la comunidad: construcción de la casa municipal en la parroquia Pedraza y  un matadero en la de Santa Bárbara.

Esta unión duró aproximadamente cinco años, al aprobarse la reforma constitucional de agosto de 1909, el Distrito Pedraza vuelve a la jurisdicción del Estado Zamora, hoy Estado Barinas.

 

La acción cultural y la difusión en los archivos.

Zoraima Guédez Yépez
DPP Archivo General del Estado Mérida
La participación del archivero en el rescate, conservación, organización y servicio del  patrimonio documental, adquiere mayor relevancia cuando interviene en el proceso cultural derivado de  esa gestión documental. Al cumplirse 39 años del decreto que instituye el Día Nacional del Archivero -28 de marzo-, queremos hacer una reflexión sobre la acción cultural y la difusión de este Patrimonio, a  fin de resaltar la importante labor que deben realizar los archivos y sus archiveros.
Los servicios que tradicionalmente prestan los archivos son los de consulta y préstamo de documentos, dirigidos a satisfacer las necesidades de los usuarios, ya sean éstos los mismos organismos productores de la documentación, los ciudadanos o los investigadores. Para desempeñar esta función es indispensable que el archivo esté debidamente organizado, pues no habrá servicio si no hay organización, en cuyo caso  podrá decirse que no existe un archivo propiamente dicho. Los organismos productores pueden recuperar los documentos remitidos al archivo con sólo buscarlos en las relaciones de entrega que acompañan a las transferencias documentales, y los investigadores y particulares podrán acceder a la información requerida a través de los instrumentos de descripción documental: inventarios y catálogos. Sin embargo, existen otros servicios que en los últimos años han reorientado el  papel que deben  cumplir los archivos, relacionados con la acción cultural y la difusión del trabajo y de los fondos documentales que custodia.

Con estas actividades los archivos cobran una nueva dimensión cultural dejando de ser entes pasivos para desarrollar otra importante función: la difusión de la información que permite cambiar la apreciación tradicional de ser sólo custodios de papeles viejos para adaptarse a las nuevas tendencias que vinculan el trabajo que realizan con el de gestor cultural. La difusión podrá hacerse mediante la publicación de  inventarios y catálogos, desarrollando otras actividades como exposiciones documentales sobre temas específicos o con motivo de conmemoraciones históricas importantes, mediante simposios, foros, conferencias, charlas, pasantías, capacitación archivística, asesorías, cursos, talleres, labor social, visitas guiadas, exposiciones itinerantes, y actividades pedagógicas en estrecha relación con educadores y la comunidad organizada.


Milagros Contreras Dávila
                                                                                          DPP  Archivo General del Estado Mérida
                                                                                 
De acuerdo con el objetivo general de la Dirección del PP Archivo General del Estado Mérida –organizar y preservar el Patrimonio Documental de la entidad federal- y el Plan Operativo Anual 2012, se realizaron actividades relacionadas con la descripción documental, la difusión de la información, capacitación de encargados de archivos, extensión e investigación histórica y la conservación:
-Descripción: se elaboraron 22 instrumentos de descripción documental  que facilitan  la búsqueda de información a  investigadores de la Historia Regional y Local: inventarios  de series documentales, entre otras, Asamblea Legislativa del Estado Mérida (1900-1954), Sección Despacho Gobernador (1904-1907), Fondo  Justicia (1881-1893), Asamblea Electoral del Estado Los Andes (1893-1899). Catálogos: entre otras series: Infanticidios (1811-1863), Heridas (1729-1863),  Estupro, rapto y fuerza (1786) y Concubinato, adulterio e incesto (1779-1863); compra venta de tierras y esclavos, poderes, fianzas de dotes, libertad de esclavos, contratos (1747-1772) y  el catálogo del tomo 37 de Protocolos Notariales (1694).
-El Área de Consulta atendió 4.731 usuarios: Gobernación,  estudiantes, investigadores, historiadores  y público en general.
-Extensión: 9 asesorías en organización de archivos, entre otros de TROMERCA, Concejo Municipio Rangel, Dirección de la Policía, CATEEM, Dirección de Administración de la Gobernación y Sistema Teleférico. Asimismo, se realizaron las jornadas “Los archivos y la investigación histórica” junto con la Escuela de Historia-ULA.
-Capacitación: 10 cursos de Archivística para sensibilizar en materia de conservación del Patrimonio Archivístico del Estado  y enseñar a organizar archivos de oficina y centrales, así como prácticas de Paleografía Hispanoamericana a estudiantes de la Escuela de Historia en lectura e interpretación de  escrituras coloniales.
-Servicio Comunitario: se atendieron estudiantes adscritos a proyectos de de la Escuela de Historia-ULA y de Documentación e Información de la Misión Sucre.
-Conservación: se elaboraron 1.200 cajas normalizadas de archivo y se encuadernaron nóminas de empleados de dependencias de la Gobernación.
De manera muy resumida, fueron las actividades más importantes desarrolladas en el Archivo General del Estado Mérida en 2012 para el servicio público.

lunes, 16 de julio de 2012

A 214 años del nacimiento del prócer José del Espíritu Santos Marquina

Lic. Rosana Rangel Sánchez
                                                                                           Archivo General del Estado Mérida
El 3 de diciembre de 1974, la Asamblea Legislativa del Estado Mérida con motivo de celebrarse el 9 de diciembre del sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho y teniendo en cuenta el sentimiento patriótico, máxima expresión de nacionalidad consideró conveniente dar a la municipalidad de Tabay la denominación de “Municipio Santos Marquina”, cuna de José del Espíritu Santos Marquina, quien valientemente participó y combatió en esa batalla. En ocasión de celebrarse 214 años de su nacimiento, recordar a este insigne hombre que por su valentía y honor a la patria defendió a costa de su propia vida el anhelo de un país libre, sin sumisiones ni ataduras con el imperio español. Este prócer merideño nació el 24 de junio de 1798 en la hacienda “El Salado”; actualmente La Mucuy Baja, hijo de Alonso Marquina y María Antonia Maldonado. Con tan sólo 15 años decidió ingresar en 1813 a las milicias de Mérida dirigidas por el General Juan Antonio Paredes. Dos años después, se unió al Ejército Libertador, específicamente al Batallón de Voltigeros de la Guardia, adscrito a la segunda División del Ejército de Colombia; en 1825, al Batallón de Junín y en 1830 se unió a la Comandancia de Armas de la Provincia de Mérida, de la cual se retiró para dedicarse a su familia, hacienda y trabajos agrícolas. En dos oportunidades actuó en el ramo judicial como Juez Parroquial y de Paz en Tabay. Contrajo matrimonio con María Rosalía Maldonado con quien tuvo 8 hijos. Por su destacada carrera militar el Congreso de Perú le otorgó varios reconocimientos y condecoraciones. Sin embargo, al momento de su fallecimiento sólo contaba con una ocasional pensión, la cual no ayudó en mucho a su familia, ya que, seis años después de su muerte, el 5 de diciembre de 1863, su esposa, debió solicitar al Juzgado Departamental permiso para vender sus propiedades y así cubrir las necesidades de sus hijos menores. El Capitán Santos Marquina sirvió a la patria durante 17 años, buscó su libertad y junto a muchos jóvenes que participaron en la Batalla de Ayacucho, fueron ejemplo de fortaleza y osadía.

El Archivo del Estado Mérida. Un poco de su Historia


El Archivo General del Estado Mérida. Un poco de su Historia
Zoraima Guédez Yépez.

Archivo General del Estado Mérida (AGEM).
La preocupación por la conservación del patrimonio documental del Estado Mérida ha estado presente en quienes han participado del quehacer político, cultural y educativo de Mérida durante los siglos XIX y XX; resultado de esta preocupación es la existencia de  varios archivos organizados en el estado con un volumen documental considerable. Es interesante indagar sobre el devenir histórico del Archivo General del Estado Mérida (AGEM), organismo donde convergieron dos archivos de importancia tanto por la antigüedad como por el volumen de documentación que conservaban.
1.    Un poco de historia
El presidente del Estado Mérida Rafael, Paredes Urdaneta decretó el 19 de diciembre de 1934 la creación del Archivo del Estado, siguiendo el ejemplo dado por Juan Vicente Gómez al crear el Archivo Nacional, más tarde Archivo General de la Nación (AGN), por considerar que era obligación de los gobiernos velar por la conservación de los archivos públicos y propender al conocimiento de todo aquello que nos identifica como pueblo. El propósito era el de compilar todos aquellos documentos que interesaba conservar para la historia de la vida política, administrativa y social del estado. En los considerandos de este decreto se puede apreciar el interés por la conservación e importancia de los documentos:
“Que los archivos públicos constituyen para los pueblos la salvaguardia de sus más sagrados intereses, por cuanto en ellos se conserva en estricta ordenación cronológica la historia de sus instituciones y de todos aquellos actos importantes de su vida política y administrativa,
Que en los Archivos merideños existen documentos valiosísimos que arrancan desde el momento mismo de la llegada de los conquistadores castellanos y fundación de la ciudad, los cuales forman un tesoro inapreciable de datos para la historia de los pueblos del Occidente de la República y para la consulta del desenvolvimiento de su existencia pública y privada, y que debido a la deficiente organización que hasta ahora han tenido, no se han utilizado con el provecho y fruto que eran de esperarse de su riqueza, corriendo además el peligro de que llegaran a perderse o destruirse;”[1]
Es de todos conocido que en el interior de la república es Mérida quien conserva la documentación más antigua del periodo colonial, la cual se extiende a las actuaciones de las provincias vecinas como Barinas y Trujillo.
Eduardo Picón Lares primer director del Archivo del Estado en las palabras de inauguración sostenía que el archivo sería para el historiador, el poeta, el científico de evidente utilidad, porque en él encontrarán todos los datos que sean de utilidad para la mejor orientación de sus estudios, salvando así del olvido y de la acción devastadora del tiempo el precioso acervo de nuestros limpios blasones de nuestras heroicas tradiciones y de nuestra gloriosa historia. Quedó así creado el archivo del Estado que debía funcionar según el mismo decreto, en la sede de la Biblioteca pública Simón Bolívar. La documentación fue organizada de manera cronológica y ubicada en estantería resguardada en paquetes identificados con números y letras según se desprende de los inventarios localizados; las dependencias de la Gobernación ¾Secretaria General y Tesorería¾ debían enviar al Archivo del Estado la documentación que había concluido su trámite administrativo, de igual modo debía proceder el Concejo Municipal Libertador.
Como resultado de las inquietudes surgidas de las experiencias recogidas por la Cátedra de Paleografía Hispanoamericana de los siglos XV al XVII de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, referidas al interés por la investigación histórica regional y local entre profesores y alumnos, para lo cual es imprescindible las fuentes documentales, en 1984 se promovió la creación del Archivo Histórico del Estado Mérida.  El proyecto de creación contemplaba como fondo matriz del archivo la documentación de la Gobernación del Estado; la idea fue bien acogida tanto por el Rector como por el Gobernador del Estado quien autorizó el rescate de la documentación que se hallaba ¾en total estado de abandono¾ en el Palacio de Gobierno.[2]
Luego de algunos años de arduo trabajo mediante decreto del 26 de enero de 1987 se logró la creación del Archivo Histórico del Estado, tomando en consideración que el Estado Mérida cuenta con valiosos documentos, fuentes fundamentales para la investigación histórica de la región y del país, que es un deber del Gobierno velar por la conservación del patrimonio documental del estado y que los archivos públicos constituyen la salvaguarda de los valores históricos y culturales de los pueblos y también fuente de estudio, consulta e investigación para el conocimiento. El citado decreto señalaba:
 " Articulo 1 Se crea el Archivo Histórico del Estado Mérida, al cual quedan incorporados todos los documentos históricos propiedad del Ejecutivo del Estado Mérida que se encuentren dispersos en los archivos y dependencias oficiales.
Artículo 2 Se declara en estado de reorganización el Archivo General del Estado, a fin de separar los documentos que reúnan los requisitos para ser catalogados como históricos, los cuales se agruparan en el Archivo Histórico del Estado Mérida creado por el presente Decreto.
Articulo 3 El Archivo Histórico del Estado Mérida estará adscrito a la Secretaria General de Gobierno.
Artículo 4 Se designa con carácter Ad-honorem una comisión que tendrá a su cargo orientar la reorganización del Archivo General y la organización del Archivo Histórico, la cual estará integrada por un representante de la Gobernación del Estado Mérida, quien la presidirá, un representante de la Asamblea Legislativa del Estado, un representante de la Universidad de Los Andes y un representante del Concejo Municipal Autónomo Libertador."[3]
El Archivo Histórico del Estado Mérida funcionó desde su creación hasta 1993 en el último piso del Palacio de Gobierno, desde esa fecha hasta 1995 en la Avenida 3 Esquina calle 34, donde desarrollo un trabajo de recate, conservación y clasificación de la documentación perteneciente a la Gobernación del Estado en su mayoría pero también de otros organismos públicos como la Asamblea Legislativa y el Concejo Municipal. Cabe destacar la entrega que en guarda y custodia realizó el Ministerio de Justicia -según lo establecido en la Gaceta Oficial de Venezuela Nº 34.285 de fecha 17 de agosto de 1989- de la documentación más antigua de la ciudad referida al Fondo Escribanías 1577-1821 y parte de la documentación republicana 1822-1863, la cual se encontraba en el Registro Principal del Estado. Otro fondo documental que fue transferido al Archivo Histórico por decisión de la Dirección de la Biblioteca Nacional, en 1988, fue el perteneciente a la Gobernación del Estado Siglo XIX y XX, el cual se encontraba depositado en la Biblioteca Febres Cordero en guarda y custodia.
El Archivo Histórico del Estado Mérida se convirtió en centro piloto para el rescate y posterior creación de archivos en otras entidades del país, también desarrolló una política de extensión dictando cursos sobre archivística a funcionarios de organismos públicos, como medio de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la conservación de los fondos documentales públicos y privados.
En 1995 se aprobó la Ley de Archivos del Estado Mérida cuyo objetivo primordial es el de garantizar la organización, conservación y salvaguarda del Patrimonio Documental Archivístico del Estado, parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Mediante esta ley se creó el Archivo General del Estado Mérida adscrito a la Secretaría General de Gobierno, conformado por una sección intermedia y una sección histórica según lo establecido en el artículo 8 de la ley de archivos. Los dos archivos que hasta ese momento habían existido en Mérida es decir el Archivo del Estado y el Archivo Histórico fueron fusionados para convertirlo en el Archivo General del Estado según lo establecido en el artículo 26:
“Los documentos administrativos de uso infrecuente que actualmente se encuentran bajo custodia del Archivo del Estado y del Archivo Histórico, adscrito a la Gobernación del Estado, pasarán a formar parte del Fondo documental del Archivo General del Estado Mérida, así como sus equipos y demás útiles a su funcionamiento.”[4]
La ley establece que el fondo documental matriz del AGEM se puede enriquecer con los documentos sin vigencia administrativa producidos, recibidos y conservados por los organismos del gobierno estadal, así como los que por convenios reciba en guarda y custodia del gobierno municipal y del nacional, de institutos autónomos, de empresas del estado y de otros archivos de cualquier naturaleza. Además prevé que los organismos y dependencias del Ejecutivo del Estado están obligados a transferir periódicamente al Archivo General del Estado Mérida la documentación sin vigencia administrativa; transferencia que se realizan desde el mismo momento de la creación del archivo ya que las diferentes dependencias tenían abarrotadas las oficinas con documentación sin vigencia administrativa.
Desde enero de 1996 hasta la fecha el Archivo General del Estado ha continuado con la identificación y descripción de los fondos documentales que conserva, tareas que se encuentran bastante adelantadas, muchos de los fondos documentales tienen elaborados instrumentos de descripción como inventarios y catálogos.
En cuanto actividades de extensión el AGEM  ha seguido desarrollando la política de adiestramiento del personal adscrito a la Gobernación y a otros organismos públicos del Estado Mérida, así como de otras regiones del país realizando cursos sobre organización de archivos de gestión o de oficina. También se han organizado pasantías para funcionarios de otros archivos y se asesora a diferentes organismos en la organización de sus fondos documentales. Todo ello con la finalidad de rescatar, conservar, organizar y difundir nuestro patrimonio documental o lo que es lo mismo nuestra memoria histórica.
2.         Directores
            Desde su creación hasta 1935 el Archivo del Estado estuvo a cargo de 24 directores nombrados por el Ejecutivo del Estado para dirigir los trabajos de conservación y organización de los fondos documentales. La mayoría de ellos fueron abogados, sin embargo encontramos escritores, periodistas e historiadores. Algunos estuvieron en el cargo por pocos meses y otros por varios años hasta que fueron jubilados. El Archivo Histórico de Mérida desde 1987 hasta 1995 tuvo un solo director; y el Archivo General del Estado desde su creación hasta la fecha ha contado con un solo director.
La relación de los directores es como sigue: Eduardo Picón Lares (1935-1936); Ceferino García (1936);  Ruperto Angola F. (2-II-1938); Miguel Febres Cordero (2-II-18-XI-1938); Benjamín Eudoro Guerrero (18- XI- 1938-30 IX-1940); Raúl de Jesús Godoy (30-IX-1940-16 VIII-1941); Luis Sánchez Dávila (16- VIII-1941-1- II-1943); Héctor Gabaldon (1-II 1943- 13- III-1943); Dr. José Francisco Valeri (13- III-1943- 23- X-1944); Gustavo Trejo Salas (23- X-1944-15- III-1945); Héctor Gabaldon (15-III-1945-2- II-1946); Zacarías Sánchez (1946-1947); Eloy Chalbaud Cardona (1947-1948); Salomón Delgado Chalbaud (1948); Adonaí Quintero (1949-1954); Dr. Carlos Jiménez (1954); Ramón Darío Suarez (1958); Otilio Quintero (1958); Francisco A. Picón (1963); Pedro Cáceres (1968); Pedro Juárez (1969-1978); Enrique Alirio Balza (1978-1988); Rafael Finol Meléndez (1988-1990); Leonardo José Acosta Albornoz (1990-1996); Raimundo Carrillo (1995) y Milagros Contreras Dávila (1995-    ).


  1. Este artículo se publicó en el Diario Frontera. Mérida, 19 de noviembre de 2002.


[1]           Decreto de Creación del Archivo del Estado. Memoria que el Secretario General de Gobierno del Estado Mérida, presenta a la Asamblea Legislativa en sus sesiones ordinarias de 1935.
[2]           Véase Milagros Contreras: El Archivo Historico del Estado Mérida. Boletin del Archivo General del Estado Mérida. Año 1 Nº 1. Mérida, Enero- Junio 1997. p.7
[3]           Decreto de Creación del Archivo Histórico del Estado Mérida. Gaceta Oficial del Estado Mérida Nº 2461. 19 de marzo de 1987.
[4]           Ley de Archivos del Estado. Gaceta Oficial del Estado Mérida. Nº 2535. 26 de marzo1995

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